El Servicio de Impuestos Internos, mediante oficio ordinario, se pronunció sobre la apl…
Oficio · Servicio de Impuestos Internos · 2012
Resumen
El Servicio de Impuestos Internos, mediante oficio ordinario, se pronunció sobre la aplicación de las normas de relación del artículo 17 N°8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en la enajenación de acciones. Una sociedad de responsabilidad limitada vendió en febrero de 2012 parte de sus acciones de una sociedad anónima a tres de sus propios socios. El contribuyente consultó si en este caso se aplicaban dichas normas, que requieren que el enajenante sea socio o accionista del adquirente o tenga un interés patrimonial en él. El Servicio confirmó el criterio del contribuyente, señalando que no se configuran las normas de relación cuando la enajenación es realizada por la sociedad a uno de sus socios como comprador, pues el enajenante no es socio ni accionista del adquirente ni tiene interés patrimonial en este último. No obstante, precisó que la verificación de los hechos concretos y la tributación aplicable al mayor valor obtenido debe ser definida en las instancias de fiscalización correspondientes.
Normas citadas
Ley de Impuesto a la Renta
SIIServicio de Impuestos Internosjurisprudencia administrativaoficioLey de Impuesto a la Renta
Preguntas frecuentes
¿Qué requisitos deben cumplirse para que operen las normas de relación en la enajenación de acciones?
Según este oficio, las normas del artículo 17 N°8 exigen que el enajenante sea socio o accionista del adquirente, o que tenga un interés patrimonial en este último. En el caso analizado, la enajenación de acciones por una sociedad a tres de sus socios no cumplía estos requisitos.
¿Una sociedad de responsabilidad limitada puede vender acciones a sus socios sin que se apliquen las normas de relación tributarias?
El Servicio de Impuestos Internos confirmó que, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada que vendió acciones de una sociedad anónima a tres de sus socios, no se aplican las normas de relación. Advirtió que la tributación concreta del mayor valor obtenido debe determinarse en las instancias de fiscalización.
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