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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de la Municipalidad de Valp…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo en contra de la Municipalidad de Valparaíso, relativo a la solicitud de acceso a los Certificados de Recepción Definitiva de Obras de Edificación otorgados durante los años indicados. El Consejo estimó que se trataba de información de naturaleza pública y que no se configuraba la causal de reserva por distracción indebida de las funciones del órgano. Ordenó a la municipalidad entregar la información, tarjando previamente los datos personales de contexto, conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia y a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, fijó un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Es pública la información sobre los C.R.D. de obras de edificación emitidos por una municipalidad?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que se trataba de información de naturaleza pública y que no se configuraba la causal de reserva por distracción indebida de las funciones del órgano. Por eso acogió el amparo.

¿Puede una municipalidad negar el acceso a certificados de obras alegando distracción indebida de sus funciones?

En este caso, el Consejo rechazó esa causal de reserva y ordenó a la Municipalidad de Valparaíso entregar la información solicitada. Lo hizo en aplicación de la Ley de Transparencia.

¿Cómo debe entregarse información pública que contiene datos personales según la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información tarjando previamente los datos personales de contexto, conforme al principio de divisibilidad y a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Fijó un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir.

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