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La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad y anuló la sentencia condenatoria, al con…

Sentencia · Corte Suprema

Resumen

La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad y anuló la sentencia condenatoria, al considerar que la actuación de agentes policiales como agentes reveladores sin autorización previa del Ministerio Público, debidamente registrada en la carpeta investigativa, vulneró el debido proceso. La falta de registro formal de dicha autorización, conforme al artículo 227 del Código Procesal Penal, impide establecer su existencia y no puede subsanarse con prueba testimonial. La ilegalidad de la compra incitada contaminó todas las diligencias derivadas, como la entrada y registro del inmueble, la incautación de evidencias y los análisis periciales, tornando ilícita toda la prueba obtenida. Por ello, la evidencia no pudo ser valorada en juicio, al violentarse el derecho a una defensa técnica adecuada.

Normas citadas

  • Artículo 25, Ley de Drogas Nº 20.000
  • Artículo 227, Código Procesal Penal
  • Garantías constitucionales del debido proceso
  • Derecho a la defensa técnica
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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si los policías actúan como agentes reveladores en un delito de drogas sin autorización previa del Ministerio Público?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la actuación policial como agente revelador sin autorización previa del Ministerio Público, debidamente registrada en la carpeta investigativa, vulnera el debido proceso y lleva a anular la sentencia condenatoria.

¿Se puede acreditar con testigos la autorización de un agente revelador si no quedó registrada en la carpeta investigativa?

En este caso, la Corte Suprema resolvió que la falta de registro formal de la autorización, conforme al artículo 227 del Código Procesal Penal, impide establecer su existencia y no puede subsanarse con prueba testimonial.

¿La ilegalidad de una compra incitada invalida también la entrada y registro, la incautación y los peritajes?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la ilegalidad de la compra incitada contaminó las diligencias derivadas, como la entrada y registro, la incautación de evidencias y los análisis periciales, por lo que toda la prueba obtenida se consideró ilícita y no pudo valorarse en juicio.

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