El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública presentado contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. Al analizar la admisibilidad del reclamo, el Consejo advirtió que no existía claridad respecto a la intención de su presentación, por lo que ejerció la facultad prevista en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia y ordenó al reclamante subsanar las omisiones o aclarar la solicitud en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad si no lo hacía. Como la parte interesada no efectuó presentación alguna para tal efecto, el Consejo declaró inadmisible el amparo, conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y al citado artículo 46 del Reglamento. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo y se encomendó notificarla al reclamante y al Director Nacional del servicio recurrido. Se indicó que en contra de esta decisión no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un amparo de acceso a la información pública no es claro y no se subsana?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque el reclamante no subsanó las omisiones ni aclaró la solicitud en el plazo de cinco días hábiles que se le otorgó.
¿Se puede pedir reposición contra la declaración de inadmisibilidad de un amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia indicó que en contra de esta decisión no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
¿Qué facultad tiene el Consejo para la Transparencia para pedir aclaraciones en un amparo?
En este caso, el Consejo advirtió falta de claridad y ejerció la facultad del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia, ordenando al reclamante subsanar o aclarar en cinco días hábiles bajo apercibimiento de inadmisibilidad.
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