El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Puchuncaví. El reclamante no cuestionaba la falta de publicación de información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, sino el incumplimiento de un dictamen de Contraloría General de la República. Por ello, el Consejo concluyó que faltaba el elemento habilitante necesario para interponer el reclamo, al no existir infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Puedo reclamar ante el Consejo para la Transparencia si un municipio no cumple un dictamen de Contraloría?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque no cuestionaba la falta de publicación de información en transparencia activa, sino el incumplimiento de un dictamen de Contraloría. Sin una infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, no existe el elemento habilitante para reclamar.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
Según este documento, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación. No procede el recurso de reposición.
¿Qué son las normas de transparencia activa que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado?
En este caso, el Consejo explicó que la transparencia activa comprende la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, cuya infracción se reclama bajo los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
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