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La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de protección presentado por…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de protección presentado por un trabajador en contra de la Municipalidad de Puerto Montt, por el término anticipado de su contrata. El recurrente alegó que no recibió notificación formal de su desvinculación, efectiva al 30 de junio de 2025, y que el acto administrativo carecía de motivación y publicidad. El tribunal consideró que el vínculo del trabajador era de naturaleza transitoria, como funcionario a contrata, y que la medida se fundó en razones presupuestarias objetivas, respaldadas por informes financieros y jurídicos. La Corte estimó que no se configuró una lesión constitucional directa, pues la decisión respondía a criterios de gestión necesarios para resguardar la legalidad del servicio municipal, y que la falta de notificación formal no fue suficiente para acreditar una vulneración. En consecuencia, se rechazó el recurso, sin costas.

Normas citadas

  • Ley N° 18.883
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 18.695
recurso de proteccióncontrata municipaltérmino anticipadonotificación informaldebido proceso administrativolibertad de trabajoderecho de propiedad

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario municipal a contrata puede recurrir de protección por el término anticipado de su contrata?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de protección, estimando que el vínculo era transitorio y que la medida se fundó en razones presupuestarias objetivas, sin lesión constitucional directa.

¿La falta de notificación formal del término de una contrata municipal vulnera por sí sola derechos constitucionales?

La Corte consideró que la falta de notificación formal no fue suficiente para acreditar una vulneración constitucional, por lo que rechazó el recurso en este caso.

¿Puede un municipio poner término a contratas por motivos presupuestarios sin vulnerar garantías constitucionales?

En este caso, el tribunal estimó que la decisión respondía a criterios de gestión necesarios para resguardar la legalidad del servicio municipal, respaldados por informes financieros y jurídicos, por lo que no hubo vulneración.

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