Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 352 de 2012 del Ministerio de Educación, que reglamenta el Sistema de Información de la Educación Superior, por estimarlo ajustado a derecho. Sin embargo, hizo presente que la información que la División de Educación Superior del Ministerio requiera a las instituciones debe ceñirse a los fines del artículo 49 de la ley N° 20.129, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Según ese precepto, los antecedentes pueden usarse para políticas públicas, gestión institucional y transparencia académica, administrativa y contable. La información pública debe emplearse solo con fines estadísticos, y los antecedentes personales de académicos, socios y directivos no deben utilizarse salvo cuando se relacionen con su individualización.