Resumen
Un integrante de un comité de vivienda fue expulsado por manifestar su desacuerdo con una actividad política organizada por la presidenta del comité en apoyo a una candidata presidencial. El afectado interpuso un recurso de protección alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, libertad de expresión, asociación y propiedad. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, considerando que la expulsión fue ilegal y arbitraria, pues se basó únicamente en la opinión del recurrente, sin que se realizara una investigación previa ni se le otorgara audiencia para ejercer su defensa. El tribunal ordenó dejar sin efecto la expulsión y reincorporar al recurrente como miembro activo del comité, así como reintegrarlo en la nómina de beneficiarios. La decisión se fundamentó en que el estatuto del comité exige una infracción grave y un procedimiento previo para la expulsión, lo que no se cumplió. Además, se consideró que la discriminación por razones ideológicas vulnera la libertad de asociación y expresión.