El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que l…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que la expresión "en forma absoluta" contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226 vulnera el derecho a defensa y el debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución). La mayoría sostuvo que dicha expresión impone un estándar desproporcionado para suspender audiencias en casos de personas privadas de libertad, especialmente en juicios orales penales remotos, al exigir impedimentos absolutos que restringen indebidamente la posibilidad de garantizar un proceso justo. Se destacó que el juicio oral es la etapa más trascendente del proceso penal, donde la inmediación y la comunicación efectiva entre el imputado y su defensor son esenciales. No obstante, el fallo concluyó que no resultaba pertinente acoger el requerimiento por carecer el precepto legal de existencia y vigencia en el ordenamiento jurídico, al haber sido derogado, generando el decaimiento de sus efectos procesales.
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Preguntas frecuentes
¿Puede un tribunal exigir un impedimento absoluto para suspender una audiencia de juicio oral penal remoto cuando el imputado está privado de libertad?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que exigir impedimentos absolutos impone un estándar desproporcionado que restringe indebidamente el derecho a defensa y al debido proceso. Destacó que el juicio oral es la etapa más trascendente del proceso penal, donde la comunicación entre el imputado y su defensor es esencial.
¿Procede declarar la inaplicabilidad de un precepto legal que ya fue derogado?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que no procedía acoger el requerimiento porque el precepto carecía de existencia y vigencia en el ordenamiento jurídico al haber sido derogado. Ello generó el decaimiento de sus efectos procesales.
¿Vulnera el derecho a defensa una norma que restringe la suspensión de audiencias penales con personas privadas de libertad?
En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional estimó que la expresión legal "en forma absoluta" vulnera el derecho a defensa y el debido proceso, por imponer un estándar desproporcionado para suspender audiencias. Aun así, no acogió el requerimiento por la derogación del precepto.
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