El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 126, inciso segundo, del Código Sanitario, que prohíbe la instalación de consultas oftalmológicas en el mismo establecimiento que ópticas. La parte requirente alegaba que dicha norma vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar actividades económicas. El Tribunal consideró que la prohibición no carece de fundamentos razonables, pues se sustenta en la historia fidedigna de su establecimiento y en la jurisprudencia de los tribunales superiores y de la Contraloría General de la República, persiguiendo un fin legítimo de política pública en salud oftalmológica, al evitar la vinculación de intereses comerciales entre profesionales y ópticas. La restricción fue estimada racional y proporcional, propia de la función del legislador, por lo que no se configuró vulneración a las garantías constitucionales invocadas.
Tribunal ConstitucionalINADominio Máximo LegalDerecho A La Protección De La Vida PrivadaControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyDerecho A La Libertad PersonalRecurso De Protección En Materia Ambiental
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma sanitaria que restringe la actividad económica de un profesional?
En este caso, el Tribunal rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra la prohibición sanitaria de compartir consultas oftalmológicas y ópticas en un mismo establecimiento. Consideró que la norma no carece de fundamentos razonables, pues se sustenta en su historia fidedigna y en la jurisprudencia de tribunales superiores y de la Contraloría General de la República.
¿Cuándo una restricción legal a la libertad económica se considera una vulneración a la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que una restricción no vulnera la Constitución cuando persigue un fin legítimo de política pública y es racional y proporcional, propia de la función del legislador. Aplicó ese criterio a la prohibición de instalar consultas oftalmológicas en el mismo establecimiento que ópticas, la que estimó ajustada a esos requisitos.
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