El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Gobernación Pr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Gobernación Provincial de San Felipe de Aconcagua, que había negado acceso a información sobre los gobernadores titulares y suplentes que ejercieron funciones desde 2016. Se solicitaba su nombre completo, fechas de inicio y término de funciones, motivo del cese, y los decretos de nombramiento y de cese. El Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar la información requerida, previo tarjamiento de datos personales y sensibles de contexto, por aplicación de la Ley de Transparencia y de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Se otorgó un plazo de cinco días hábiles, desde que la decisión quede ejecutoriada, para cumplir y acreditar la entrega. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Los nombramientos y ceses de funcionarios públicos como gobernadores son información accesible por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo y ordenó a la Gobernación entregar la información sobre los gobernadores que ejercieron funciones, incluidos los decretos de nombramiento y de cese. Esto se hizo con tarjamiento previo de datos personales y sensibles de contexto.
¿Qué protege la Ley 19.628 cuando se pide información pública sobre funcionarios?
El Consejo ordenó tarjar los datos personales y sensibles de contexto antes de entregar la información, aplicando la Ley de Transparencia junto con la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Así se concilia el acceso a la información con la privacidad.
¿Cuál es el plazo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y cómo se puede impugnar?
En este caso, el Consejo otorgó cinco días hábiles, desde que la decisión quede ejecutoriada, para cumplir y acreditar la entrega. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
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