Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Dirección del Trabajo, que había denegado el acceso a un informe de fiscalización solicitado por el reclamante. El Consejo resolvió que, por tener el reclamante la calidad de parte interesada en el procedimiento administrativo, conforme a la ley N° 19.880, corresponde entregarle el informe. En consecuencia, ordenó a la Dirección del Trabajo entregarlo de manera presencial, previa eliminación de datos personales de terceros distintos del reclamante, como el RUN, domicilio, teléfono y correo electrónico, en conformidad a la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Se fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y se exigió acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin que los órganos de la Administración puedan reclamar cuando la denegación se fundó en la causal del artículo 21 N° 1.