El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido por un reclamante en contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido por un reclamante en contra de la Subsecretaría del Interior, que había negado la entrega de un listado de beneficiarios con los nombres de las personas a quienes se practicó un informe socioeconómico en determinadas localidades. El órgano no logró acreditar de manera fehaciente la inexistencia de la información requerida. Por el principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, el Consejo ordenó tarjar los datos personales de contexto conforme a la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada. Si la información no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo. Se ordenó cumplir en un plazo de 15 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la ley, y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano del Estado negar la entrega de un listado de beneficiarios alegando que no tiene la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque la Subsecretaría del Interior no logró acreditar de manera fehaciente que la información no existiera. Si la información no obra en su poder, debe comunicarlo fundadamente al reclamante y al Consejo.
¿Se deben entregar nombres de personas beneficiarias de un programa del Estado si contienen datos personales?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información aplicando el principio de divisibilidad, por lo que se deben tarjar los datos personales de contexto conforme a la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada.
¿Qué plazo tiene un órgano para cumplir una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, se ordenó cumplir en un plazo de 15 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y acreditar la entrega. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.