La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por un…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario contra la Municipalidad de La Florida por la no renovación de su contrata. El recurrente alegaba que, tras más de nueve años de servicio continuo, cinco de ellos como contratado con calificaciones sobresalientes, existía una confianza legítima que impedía su cese sin causa legal ni debido proceso. La Corte desestimó estos argumentos, señalando que la Municipalidad mantiene la potestad de no renovar contratas sin necesidad de causa formal, y que la continuidad de servicios y las buenas calificaciones no generan un derecho adquirido o expectativa legítima protegible mediante esta acción constitucional. Además, constató que el decreto de no renovación estaba debidamente motivado, por lo que no se configuró un acto ilegal o arbitrario.
Normas citadas
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 54 de la Ley N° 19.880
Artículo 156 de la Ley N° 18.883
Artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República
contrata municipalno renovaciónconfianza legítimafuncionario públicorecurso de protecciónderecho administrativo laboralpotestad discrecionalMunicipalidad de La Florida
Preguntas frecuentes
¿Una municipalidad puede no renovar la contrata de un funcionario sin expresar causa, aunque haya prestado servicios por años con buenas calificaciones?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la Municipalidad conserva la potestad de no renovar contratas sin causa formal, y que la continuidad de servicios y las buenas calificaciones no generan un derecho adquirido ni una expectativa legítima protegible por recurso de protección.
¿Es procedente el recurso de protección contra la no renovación de una contrata municipal?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección porque no se configuró un acto ilegal o arbitrario, ya que el decreto de no renovación estaba debidamente motivado.
¿La confianza legítima de un funcionario contratado impide que la municipalidad ponga término a su contrata?
En este caso, la Corte Suprema desestimó que la confianza legítima derivada de más de nueve años de servicio, cinco de ellos como contratado, impidiera el término de la contrata sin causa legal ni debido proceso.
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