El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Llay Llay por la falta de entrega de información pública. Se trataba de un oficio de la Contraloría Regional de Valparaíso, de marzo de 2019, respecto del cual el órgano municipal no acreditó su entrega ni invocó causales de secreto. El Consejo también dejó constancia de que el órgano no presentó descargos. En consecuencia, ordenó al Alcalde informar a la reclamante si se dio respuesta al oficio y, de ser así, entregarle copia, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, acreditando su cumplimiento ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Oficio N° 3.502
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 747
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una municipalidad no entrega información pública que se le solicitó y no justifica su negativa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque la Municipalidad de Llay Llay no acreditó la entrega de un oficio de la Contraloría Regional de Valparaíso ni invocó causales de secreto. Ordenó al Alcalde informar si dio respuesta al oficio y entregar copia, en cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada.
¿Puede el órgano público no presentar descargos en un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia dejó constancia de que la municipalidad no presentó descargos y resolvió igualmente el amparo. Así, la falta de descargos fue considerada al decidir, junto con la ausencia de acreditación de la entrega de la información.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia en un amparo procede reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión que acoge el amparo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Esta vía permite impugnar la legalidad de la resolución dentro del procedimiento establecido.
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