Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido por una empresa forestal para declarar inaplicables, por inconstitucionales, las normas que impiden contratar con el Estado a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales y la disposición que ordena remitir dichas sentencias a la Dirección del Trabajo. La acción se dirige a evitar que esas reglas se apliquen en un juicio laboral pendiente, actualmente en recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, donde se discute una condena por práctica antisindical. El requirente solicitó la suspensión inmediata de la tramitación de la causa de unificación, acompañó las sentencias de primera y segunda instancia, y acreditó la personería de su representante. El tribunal no se pronunció sobre el fondo, limitándose a recibir la solicitud y los antecedentes.