La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación en contra de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una reclamación en contra de Carabineros de Chile, relativa a una gran compra realizada mediante convenio marco. Se discutió si la entidad podía exigir que los proveedores ofertaran con un código ID específico, lo que llevó al rechazo de la oferta de una empresa. El organismo concluyó que dicha exigencia no se ajusta a la normativa de la ley N° 19.886 y su reglamento, ya que afecta la libre concurrencia de los proveedores adjudicados en la categoría. En consecuencia, ordenó a Carabineros adoptar medidas para evitar que esta práctica se repita en el futuro.
Normas citadas
Ley 19886 art/30 lt/d
DTO 250/2004 hacie art/14 inc/4
DTO 250/2004 hacie art/14 bis inc/1
DTO 250/2004 hacie art/14 bis inc/4
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede una entidad pública exigir a los proveedores de un convenio marco que oferten con un código ID específico?
No, en este caso la Contraloría General de la República concluyó que esa exigencia no se ajusta a la ley N° 19.886 ni a su reglamento, porque afecta la libre concurrencia de los proveedores adjudicados en la categoría. Por ello ordenó a Carabineros de Chile adoptar medidas para que la práctica no se repita.
¿Qué pasa si una entidad rechaza la oferta de un proveedor de convenio marco por no cumplir con un código ID exigido en la compra?
En este caso, la Contraloría revisó la reclamación contra Carabineros de Chile, que había rechazado una oferta por no ajustarse a ese código, y concluyó que el rechazo se fundaba en una exigencia improcedente. El organismo sostuvo que tal requisito restringe la competencia entre los proveedores ya adjudicados.
¿La Contraloría puede ordenar a un órgano público corregir prácticas en sus compras mediante convenio marco?
Sí, en este caso la Contraloría General de la República ordenó a Carabineros de Chile adoptar medidas para evitar que se repita la exigencia del código ID en futuras compras realizadas mediante convenio marco. La orden se basó en la conclusión de que la práctica vulneraba la normativa de compras públicas.
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