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Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República confirma el criterio de dictámenes anteriores sobre funcionarias embarazadas contratadas en cargos compatibles de 22 y 28 horas. La autoridad debe fijarles una jornada diurna de 50 horas semanales, distribuidas según el artículo 12 de la ley N° 15.076, sin que deban comprender necesariamente seis días. Desde el embarazo, la funcionaria no puede realizar trabajos perjudiciales para su salud, debiendo ser trasladada a labores compatibles sin reducción de remuneraciones. No procede compensar los turnos que deje de desempeñar, pero la servidora debe cumplir la totalidad de las horas asignadas en un horario compatible con su estado. La autoridad debe determinar caso a caso si una labor es perjudicial, adoptando la medida del artículo 202 del Código del Trabajo.

Normas citadas

  • ley 15076 art/12 inc/1
  • ley 15076 art/12 inc/2
  • ley 15076 art/12 inc/7
  • ley 15076 art/12 inc/4
  • ctr art/202
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Qué jornada debe fijar la autoridad a una funcionaria embarazada contratada en un cargo compatible de 22 o 28 horas?

En este caso, la Contraloría General de la República sostiene que la autoridad debe fijarle una jornada diurna de 50 horas semanales, distribuidas según el artículo 12 de la ley N° 15.076, sin que necesariamente deban comprender seis días.

¿Procede compensar los turnos que una funcionaria embarazada deja de cumplir si se la traslada a labores compatibles?

En este caso, el organismo concluye que no procede compensar los turnos que la funcionaria deja de desempeñar, pero debe cumplir la totalidad de las horas asignadas en un horario compatible con su estado.

¿Qué debe hacer la autoridad si una labor resulta perjudicial para la salud de una funcionaria embarazada?

En este caso, la Contraloría señala que la funcionaria no puede realizar trabajos perjudiciales para su salud desde el embarazo y debe ser trasladada a labores compatibles sin reducción de remuneraciones, determinando la autoridad caso a caso y aplicando la medida del artículo 202 del Código del Trabajo.

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