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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho de los altos direc…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el derecho de los altos directivos públicos a percibir la asignación del artículo 1°, letra e), de la Ley N° 19.490. Se determinó que, por regla general, estos funcionarios carecen de dicho beneficio, ya que no son calificados en el sistema de evaluación de la Ley N° 18.834, conforme al artículo 39 de la Ley N° 19.882. La excepción solo aplica a jefes superiores de servicio y miembros de la junta calificadora central, quienes expresamente pueden recibir la asignación pese a no ser evaluados. Se rechazó la solicitud de extender el beneficio a otros directivos, confirmando el dictamen N° 41.252 de 2010, por tratarse de normas de derecho público que deben aplicarse de forma estricta.

Normas citadas

  • ley 19882 art/sexagésimo quinto
  • ley 20313 art/32
  • ley 19490 art/1 lt/e
  • ley 19882 art/trigésimo noveno
  • ley 18834 art/32
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Los altos directivos públicos tienen derecho a la asignación del artículo 1° letra e) de la Ley 19.490?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, por regla general, los altos directivos públicos no tienen derecho a esa asignación, porque no son calificados en el sistema de evaluación de la Ley 18.834, conforme al artículo 39 de la Ley 19.882.

¿Qué excepciones existen para percibir la asignación del artículo 1° letra e) de la Ley 19.490 pese a no ser evaluado?

En este caso, el organismo señaló que solo los jefes superiores de servicio y los miembros de la junta calificadora central pueden recibir la asignación aunque no sean evaluados, porque la ley lo permite expresamente.

¿Procede extender la asignación del artículo 1° letra e) de la Ley 19.490 a directivos que no están expresamente contemplados?

En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de extender el beneficio a otros directivos y confirmó el dictamen N° 41.252 de 2010, por tratarse de normas de derecho público que deben aplicarse de forma estricta.

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