El Consejo para la Transparencia acogió un reclamo por infracción a las normas de trans…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Puente Alto, debido a que, al momento de la fiscalización, el órgano mantenía información incompleta en el ítem "Actos y resoluciones con efectos sobre terceros", específicamente en los enlaces de los permisos de edificación de noviembre de 2021, lo que configuraba una infracción al artículo 7 letra g) de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de acoger el reclamo, el Consejo verificó que la municipalidad corrigió posteriormente la infracción detectada, por lo que se tuvo por subsanada. La decisión fue adoptada por unanimidad y se ordenó notificar a la reclamante y al alcalde, con la posibilidad de interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un municipio no publica completa la información sobre actos y resoluciones con efectos sobre terceros?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un reclamo por infracción a la transparencia activa contra una municipalidad por mantener información incompleta en el ítem 'Actos y resoluciones con efectos sobre terceros', lo que configura una infracción al artículo 7 letra g) de la Ley de Transparencia.
¿Se puede tener por subsanada una infracción a la transparencia activa si el órgano corrige después?
En este caso, el Consejo para la Transparencia verificó que la municipalidad corrigió posteriormente la infracción detectada, por lo que se tuvo por subsanada, sin perjuicio de acoger el reclamo.
¿Qué plazo existe para reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó notificar su decisión con la posibilidad de interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
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