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La Corte de Apelaciones acogió parcialmente un recurso de protección interpuesto por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones acogió parcialmente un recurso de protección interpuesto por una empresa contra el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Biobío. La controversia giraba en torno a la inacción administrativa de la autoridad, quien no había emitido pronunciamiento sobre la certificación de un proyecto de subdivisión de un predio rústico. El tribunal determinó que la dilación de la administración vulneró los principios de celeridad y la garantía de igualdad ante la ley, al exceder los plazos legales establecidos en la Ley N° 19.880. En consecuencia, se resolvió ordenar al SAG emitir la resolución administrativa requerida en un plazo de 60 días desde que la sentencia adquiera ejecutoria.

Normas citadas

  • Ley 19.880
  • D.L. 3516
  • ResolucióN° 4
  • Ley 3516
  • Circular 38 de 2023
  • ResolucióN° 3
  • Artículo 3 de la Ley 19.880
recurso de protecciónceleridad administrativaprincipio de inexcusabilidadprincipio de conclusividadprincipio de economía procedimentaligualdad ante la leysubdivisión de predios rústicosD.L. 3516

Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de protección por la inacción de la administración al no resolver una solicitud dentro de los plazos legales?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió parcialmente el recurso, determinando que la dilación de la administración vulneró los principios de celeridad y la garantía de igualdad ante la ley, al exceder los plazos de la Ley N° 19.880.

¿Qué plazo tiene la administración para emitir una resolución tras una sentencia que ordena resolver una solicitud pendiente?

En este caso, la Corte ordenó al SAG emitir la resolución administrativa requerida en un plazo de 60 días desde que la sentencia adquiera ejecutoria.

¿La falta de pronunciamiento de la autoridad sobre una certificación de subdivisión de predio rústico puede vulnerar garantías constitucionales?

En este caso, la Corte estimó que la inacción del SAG respecto de la certificación de un proyecto de subdivisión de un predio rústico vulneró la garantía de igualdad ante la ley, al exceder los plazos legales.

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