El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública presentado contra Carabineros de Chile, que se había negado a entregar bitácoras de vuelo de aeronaves institucionales. El Consejo acogió parcialmente el reclamo: ordenó la entrega de la información solicitada en los términos de la Ley de Transparencia y exigió comunicar su cumplimiento. Sin embargo, rechazó el amparo respecto de las bitácoras de vuelo específicas reclamadas por inexistencia de los registros. Además, recomendó al General Director de Carabineros adecuar su reglamentación para conservar los registros de operaciones de vuelo por un período superior a los seis meses vigentes, con el fin de elevar los estándares de publicidad y transparencia. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Es posible pedir al Estado las bitácoras de vuelo de aeronaves de Carabineros mediante una solicitud de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó a Carabineros entregar la información solicitada en los términos de la Ley de Transparencia. Sin embargo, rechazó el reclamo respecto de bitácoras específicas porque los registros no existían.
¿Qué puede hacer una persona si Carabineros se niega a entregar información pública y el Consejo para la Transparencia resuelve el caso?
En este caso, el Consejo acogió parcialmente el reclamo y exigió comunicar el cumplimiento de la entrega ordenada. La decisión admite reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
¿Por cuánto tiempo deben conservar las policías los registros de operaciones de vuelo de sus aeronaves según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo constató que la reglamentación vigente de Carabineros exige conservar estos registros por seis meses y recomendó extender ese plazo para elevar los estándares de transparencia. La resolución no fija por sí misma un plazo mínimo obligatorio.
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