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La Corte de Apelaciones de Santiago conoció el recurso de reclamación interpuesto por d…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago conoció el recurso de reclamación interpuesto por dos concejalas de la Municipalidad de Ñuñoa contra la multa de 10 UTM que la Contraloría General de la República les impuso por no registrar viajes oficiales en la agenda pública, conforme a la Ley de Lobby (Ley N°20.730). Las recurrentes sostenían una errónea interpretación de la ley y pedían pagar la multa en cuotas. El tribunal rechazó el reclamo, con costas, por estimar que existió un incumplimiento normativo objetivo y verificado, que los concejales son sujetos pasivos de la ley y que las excepciones del artículo 6° no eran aplicables. Consideró además que la multa se aplicó en su mínimo dentro del tramo legal, de forma proporcional, y que la ley no contempla el pago en cuotas. Concluyó que la Contraloría actuó conforme a derecho.

Normas citadas

  • Ley N° 20.730
  • Artículo 18 de la Ley N° 20.730
  • D.S. N° 71
  • Ley N° 10.336
  • Artículo 6° de la Ley N° 20.730
  • Artículo 15 de la Ley N° 20.730
Ley de LobbyLey N°20.730sujetos pasivosregistro de agenda públicaviajes oficialesconcejalessanción administrativaproporcionalidad sancionatoria

Preguntas frecuentes

¿Están obligados los concejales municipales a registrar sus viajes oficiales en la agenda pública conforme a la Ley de Lobby?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que los concejales son sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, por lo que debían registrar sus viajes oficiales y no les eran aplicables las excepciones del artículo 6°.

¿Puede una multa de la Contraloría por incumplir la Ley de Lobby pagarse en cuotas?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que la Ley N° 20.730 no contempla el pago de la multa en cuotas, por lo que rechazó esa petición de las recurrentes.

¿Se puede impugnar una multa de la Contraloría por no registrar viajes oficiales si existió un incumplimiento objetivo?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo, al considerar que hubo un incumplimiento normativo objetivo y verificado, y que la multa de 10 UTM, aplicada en su mínimo dentro del tramo legal, fue proporcional y se ajustó a derecho.

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