El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2021
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra la resolución de adjudicación de una licitación pública de servicio de aseo para edificios de la Dirección de Educación de la Armada de Chile. La empresa cuestionaba la evaluación de condiciones laborales y remuneración, y la aplicación de las fórmulas de cálculo contenidas en las bases. El tribunal rechazó las tachas deducidas contra dos testigos de la demandada y rechazó íntegramente la impugnación, por estimar que no se vulneraron el principio de estricta sujeción a las bases de licitación ni el de igualdad de los oferentes. Cada parte pagará sus costas. La decisión se fundó en la Ley N°19.886 de Compras Públicas y en el Código de Procedimiento Civil.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede un oferente impugnar la adjudicación de una licitación pública si considera que la evaluación de remuneraciones y condiciones laborales se hizo mal?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de una empresa oferente contra la adjudicación de un servicio de aseo y la rechazó íntegramente. Estimó que no se vulneraron el principio de estricta sujeción a las bases ni el de igualdad de los oferentes.
¿Qué principios debe respetar la evaluación de ofertas en una licitación pública según la Ley de Compras Públicas?
En este caso, el tribunal consideró que la evaluación de condiciones laborales, remuneración y la aplicación de las fórmulas de las bases debía ajustarse al principio de estricta sujeción a las bases de licitación y al principio de igualdad de los oferentes. Sostuvo que ambos se respetaron, con fundamento en la Ley N°19.886.
¿Quién paga las costas cuando se rechaza una impugnación contra una adjudicación en el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, el tribunal rechazó la impugnación y ordenó que cada parte pagara sus propias costas. La decisión se fundó en la Ley N°19.886 y en el Código de Procedimiento Civil.
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