Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la reclamación contra la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), al considerar que el procedimiento de invalidación parcial de la adjudicación de una licitación pública se ajustó a derecho. La DCCP detectó un error en la transferencia de datos desde la planilla de cálculos al informe de evaluación, lo que llevó a considerar como adjudicados a oferentes que no alcanzaron el mínimo de 70 puntos exigido en las bases. Ante ello, la DCCP inició un procedimiento de invalidación dentro del plazo legal, otorgó audiencia a los interesados y, mediante resolución exenta, invalidó parcialmente la adjudicación, dejando sin efecto los contratos de los proveedores afectados, entre ellos la reclamante. El ente contralor concluyó que la DCCP actuó en el legítimo ejercicio de su potestad invalidatoria, cumpliendo con los requisitos legales, por lo que no se advirtió ilegalidad en el procedimiento.