La Contraloría General de la República representó la resolución N° 100, de 2014, de la…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución N° 100, de 2014, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que pretendía incorporar una cláusula de término anticipado por dejar de ser necesarios los servicios en contratas ya suscritas, tomadas de razón y en pleno cumplimiento. El órgano fiscalizador consideró que dicha modificación alteraba sustancialmente las condiciones originales de las designaciones, afectando la legítima convicción de los funcionarios sobre su continuidad laboral durante todo el año 2014. Se vulneró el principio de certeza jurídica, pues las contratas aseguraban la permanencia hasta el 31 de diciembre de ese año, salvo causales legales de término. La inclusión de la cláusula permitiría a la autoridad poner fin a las labores en cualquier momento, lo que atenta contra la buena fe y los derechos adquiridos por los trabajadores.
Normas citadas
Resolución N° 100, de 2014
Ley N° 18.834
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Administración incorporar una cláusula de término anticipado en contratas ya suscritas y tomadas de razón?
En este caso, la Contraloría representó la resolución que pretendía incluir esa cláusula, porque alteraba sustancialmente las condiciones originales de las designaciones ya tomadas de razón y en cumplimiento. Así se afectaba la convicción legítima de los funcionarios sobre su continuidad durante el año 2014.
¿Qué principio se vulnera si una contrata puede terminar antes de su plazo sin causal legal?
En este caso, la Contraloría sostuvo que se vulneró el principio de certeza jurídica, pues las contratas aseguraban la permanencia hasta el 31 de diciembre de ese año, salvo causales legales de término. Una cláusula que permitiera poner fin a las labores en cualquier momento atentaba contra la buena fe y los derechos adquiridos.
¿Afecta a los derechos de los funcionarios contratados una modificación unilateral de la autoridad que permita término anticipado?
En este caso, la Contraloría consideró que esa modificación afectaba los derechos adquiridos de los trabajadores y su legítima expectativa de continuidad laboral. Por ello, representó la resolución que la incorporaba, por contravenir la buena fe y la certeza jurídica.
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