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El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo deducido contra la Superintendencia…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia rechazó el amparo deducido contra la Superintendencia de Pensiones, por considerar que se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. El Consejo aplicó el criterio del amparo, según el cual divulgar la identidad de los funcionarios públicos que participan en procedimientos administrativos supone un riesgo de afectación en el cumplimiento de sus funciones habituales. Además, se estimó que atender solicitudes de información sobre funcionarios específicos distrae al personal de sus tareas y perjudica los procedimientos internos de impugnación, tornándolos inoficiosos. La facultad de resolver el procedimiento recae en el organismo público, no en un funcionario en particular.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Oficio Ord. N° 3056
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede pedir al Estado el nombre de los funcionarios que participan en un procedimiento administrativo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y entendió que se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, porque divulgar la identidad de los funcionarios que intervienen en procedimientos administrativos puede afectar el cumplimiento de sus funciones habituales.

¿Qué pasa si una solicitud de transparencia pide información sobre funcionarios específicos de un organismo?

El Consejo sostuvo que atender solicitudes sobre funcionarios determinados distrae al personal de sus tareas y perjudica los procedimientos internos de impugnación, tornándolos inoficiosos, lo que justificó rechazar el amparo contra la Superintendencia de Pensiones.

¿Quién decide la resolución de un procedimiento administrativo en un organismo público?

En este caso, el Consejo para la Transparencia señaló que la facultad de resolver el procedimiento recae en el organismo público y no en un funcionario en particular, por lo que la identidad individual no es necesaria para conocer quién decide.

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