El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipali…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipalidad de Macul, que había negado el acceso a los informes elaborados por una persona contratada a honorarios sobre la aplicación del programa de fortalecimiento de la participación ciudadana. El Consejo ordenó la entrega de dichos informes, previa tarja de los datos personales de contexto, como domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación. La decisión se fundó en el carácter público de lo solicitado, sin que el organismo hubiera alegado causal de reserva alguna. Se otorgó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir, bajo apercibimiento legal, y acreditar la entrega. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Los informes elaborados por una persona contratada a honorarios por un municipio son públicos y pueden pedirse vía Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y ordenó entregar los informes sobre el programa de participación ciudadana, porque lo solicitado es público y el organismo no alegó ninguna causal de reserva. Solo se permitió tarjar los datos personales de contexto.
¿Qué datos personales pueden tarjarse al entregar documentos públicos de un municipio?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar datos de contexto como domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación antes de entregar los informes. El resto del documento debía entregarse.
¿Qué plazo tiene un municipio para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y cómo puede reclamarse?
En este caso, se otorgó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir y acreditar la entrega. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.
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