La Corte Suprema acoge el recurso de protección presentado por un arrendatario en contr…
Sentencia · Corte Suprema · 2024
Resumen
La Corte Suprema acoge el recurso de protección presentado por un arrendatario en contra del arrendador, quien cambió la chapa de la vivienda arrendada e impidió el acceso del primero a sus bienes muebles. El máximo tribunal revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ordena al arrendador permitir el acceso al inmueble y el retiro de los bienes del recurrente, absteniéndose de ejecutar actos de autotutela mientras no exista acuerdo o sentencia judicial que termine el contrato de arrendamiento. La Corte considera que el cambio de chapa y la retención de bienes constituyen un acto de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico, vulnerando las garantías constitucionales de propiedad y acceso a la justicia, debiendo el arrendador acudir a la justicia civil ordinaria ante eventuales incumplimientos.
Normas citadas
Artículo 19 número 3 inciso cuarto de la Constitución Política de la República
Artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Puede el arrendador cambiar la chapa de la vivienda y retener los bienes del arrendatario sin orden judicial?
No. En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el cambio de chapa y la retención de bienes constituyen un acto de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico, por lo que ordenó al arrendador permitir el acceso al inmueble y el retiro de los bienes.
¿Qué debe hacer un arrendador si el arrendatario incumple el contrato de arrendamiento?
Según este fallo, el arrendador debe acudir a la justicia civil ordinaria ante eventuales incumplimientos, sin ejecutar actos de autotutela mientras no exista acuerdo o sentencia judicial que termine el contrato.
¿Procede el recurso de protección cuando el arrendador impide al arrendatario acceder a sus bienes muebles?
Sí. En este caso, la Corte Suprema acogió el recurso de protección, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y estimó vulneradas las garantías constitucionales de propiedad y acceso a la justicia.
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