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La Corte Europea de Derechos Humanos acogió la acción de una migrante menor de edad, na…

Sentencia · 2025

Resumen

La Corte Europea de Derechos Humanos acogió la acción de una migrante menor de edad, nacional de Guinea, y declaró que Bélgica violó el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos al someterla a un examen óseo invasivo para determinar su edad sin obtener su consentimiento libre e informado. La Corte estableció que el Estado debe garantizar garantías procedimentales suficientes en la evaluación de edad de menores extranjeros no acompañados, incluyendo una entrevista previa con un agente especializado para explorar medios menos intrusivos. Se condenó a Bélgica a pagar 5.000 euros por daño moral.

Normas citadas

  • Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (vida privada)
  • Artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos (derecho a recurso efectivo)
  • Artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos (prohibición de discriminación)
  • Artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos (derecho de petición)
  • Artículo 77 §§ 2 y 3 del Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿Puede un Estado someter a un menor extranjero no acompañado a un examen óseo para determinar su edad sin su consentimiento?

En este caso, la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo que Bélgica violó el artículo 8 de la Convención al realizar un examen óseo invasivo a una menor migrante sin obtener su consentimiento libre e informado.

¿Qué garantías procedimentales deben existir al evaluar la edad de menores migrantes no acompañados según la Convención Europea?

La Corte estableció que el Estado debe asegurar garantías procedimentales suficientes, incluyendo una entrevista previa con un agente especializado que explore medios menos intrusivos antes de recurrir a exámenes médicos.

¿Qué indemnización puede obtener una menor migrante si el Estado le practica un examen de edad sin garantías adecuadas?

En este caso, la Corte condenó a Bélgica a pagar 5.000 euros por daño moral a la demandante, tras declarar la violación del derecho a la vida privada.

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