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La Corte Suprema rechazó la acción constitucional de protección interpuesta por un afil…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema rechazó la acción constitucional de protección interpuesta por un afiliado contra una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral de la prima GES. El recurrente estimaba vulnerados los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La Corte analizó los artículos 206 y 206 bis del DFL N°1 de 2005 y la Ley N°21.674, constatando que la Superintendencia siguió el procedimiento legal, determinando la prima de forma objetiva y fiscalizada. Al no existir acto ilegal ni arbitrario, confirmó la sentencia apelada, sin costas.

Normas citadas

  • Art. 9 y 24 del Artículo 19 Constitución Política de la República
  • Art. 206 del D.F.L. N°1 de 2005
  • Art. 206 bis del D.F.L. N°1 de 2005
  • Art. 20 de la Constitución Política de la República
  • Ley N°21.674
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre materia constitucional
(CIVIL) APELACIÓN PROTECCIÓNTERCERA, CONSTITUCIONAL

Preguntas frecuentes

¿Procede un recurso de protección contra el alza de la prima GES de una Isapre si el procedimiento legal fue seguido?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección, porque constató que la Superintendencia de Salud siguió el procedimiento legal y que la prima se determinó de forma objetiva y fiscalizada. Al no existir acto ilegal ni arbitrario, confirmó la sentencia apelada, sin costas.

¿Puede un afiliado de Isapre reclamar por vía de protección que el alza de la prima GES vulnera el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley?

En este caso, el afiliado alegó vulneración de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución, pero la Corte Suprema desestimó el reclamo al no encontrar acto ilegal ni arbitrario. La sentencia analizó los artículos 206 y 206 bis del DFL N°1 de 2005 y la Ley N°21.674.

¿Qué debe revisar un tribunal al resolver una protección contra una alza de prima GES de una Isapre?

En este caso, la Corte Suprema examinó si la Superintendencia de Salud aplicó correctamente los artículos 206 y 206 bis del DFL N°1 de 2005 y la Ley N°21.674. Concluyó que el procedimiento fue legal y objetivo, por lo que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad que justificara acoger el recurso.

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