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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta del Servicio Naci…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta del Servicio Nacional para la P.R.C.D.A. (SENDA) acerca de la devolución de instrumentos de garantía vencidos o caducados a los bancos emisores. El órgano contralor señaló que corresponde al SENDA ponderar dicha devolución, y remitió jurisprudencia administrativa sobre digitalización de documentos. Los dictámenes citados establecen que los órganos públicos pueden utilizar sistemas electrónicos y digitales para conservar y archivar documentos, en reemplazo de procesos como la microfilmación, siempre que se garantice la duración, legibilidad y fidelidad de las copias, en virtud de los principios de eficiencia y eficacia de la ley N° 18.575 y las leyes N°s. 18.845 y 19.799.

Normas citadas

  • Ley 10336 art/14
  • ley 10336 art/21
  • ley 18575 art/3
  • ley 18575 art/5
  • ley 18045 art/2
  • ley 19799 art/1 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un órgano público digitalizar y conservar documentos en formato electrónico en lugar de microfilmarlos?

Según este dictamen, la Contraloría sostuvo que los órganos públicos pueden usar sistemas electrónicos y digitales para conservar y archivar documentos en reemplazo de la microfilmación, siempre que se garantice la duración, legibilidad y fidelidad de las copias.

¿Debe un servicio público devolver a los bancos las garantías bancarias vencidas o caducadas?

En este caso, la Contraloría señaló que corresponde al SENDA ponderar la devolución de los instrumentos de garantía vencidos o caducados a los bancos emisores, sin fijar una regla general sobre la materia.

¿Qué principios sustentan la digitalización de documentos en la administración del Estado en Chile?

En este caso, el órgano contralor fundó la posibilidad de digitalizar documentos en los principios de eficiencia y eficacia de la Ley N° 18.575, junto con las leyes N°s. 18.845 y 19.799 citadas en la jurisprudencia administrativa que remitió.

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