La Corte Suprema rechazó una acción de protección presentada por un afiliado en contra…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó una acción de protección presentada por un afiliado en contra de una Isapre y la Superintendencia de Salud, por el alza unilateral del precio de la prima GES. El recurrente consideró el aumento desproporcionado e injustificado, vulnerando sus garantías constitucionales. El máximo tribunal analizó el artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005 y concluyó que la prima GES es el resultado de un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia, en resguardo de los intereses de los usuarios. Al no existir ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de las recurridas, se confirmó la sentencia apelada y se rechazó la acción, sin costas.
Normas citadas
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 numerales 9 y 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
Artículo 206 bis del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud
Ley N°21.674
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia
¿Puede una Isapre subir unilateralmente el precio de la prima GES sin que sea arbitrario?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la prima GES es el resultado de un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud, en resguardo de los usuarios. Como no hubo ilegalidad ni arbitrariedad, rechazó la acción de protección contra el alza.
¿Es procedente la acción de protección contra el alza de la prima GES de una Isapre?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección presentada por un afiliado contra la Isapre y la Superintendencia de Salud, por considerar que el alza no vulneraba sus garantías constitucionales. Confirmó la sentencia apelada y no impuso costas.
¿Qué dice el artículo 206 del DFL N° 1 de 2005 sobre el cálculo de la prima GES?
En este caso, la Corte Suprema analizó el artículo 206 del DFL N° 1 de 2005 y concluyó que la prima GES se determina mediante un proceso objetivo y fiscalizado por la Superintendencia de Salud. Ese proceso resguarda los intereses de los usuarios.
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