El Segundo Juzgado de Policía Local de Arica conoció una denuncia infraccional y una de…
Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL ARICA · 2016
Resumen
El Segundo Juzgado de Policía Local de Arica conoció una denuncia infraccional y una demanda civil contra una empresa de venta de muebles, por incumplimiento en la entrega y reparación de un producto comprado a crédito, en el marco de la Ley 19.496 sobre protección de los consumidores. Durante el proceso las partes alcanzaron una conciliación: la parte denunciante conserva los productos adquiridos, no paga las cuotas restantes y la empresa mantiene lo ya pagado, renunciando ambas a plazos y recursos. El tribunal tuvo por aceptada la conciliación y no se pronunció sobre la acción civil. En cuanto a la denuncia infraccional, la rechazó porque no se acreditó el hecho denunciado, aplicando la sana crítica y la carga probatoria del artículo 1698 del Código Civil, y dispuso que cada parte pagara sus propias costas.
Normas citadas
Ley N° 19.496
Artículo 24 de la Ley N° 19.496
Ley 18.290
Código civil
Artículo 139 de la Ley 18.290
Artículo 1698 del código civil
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si las partes llegan a un acuerdo en un juicio de consumidor ante el Juzgado de Policía Local?
En este caso, el tribunal tuvo por aceptada la conciliación alcanzada por las partes, en la que la denunciante conserva los productos, no paga las cuotas restantes y la empresa mantiene lo ya pagado, renunciando ambas a plazos y recursos.
¿Qué debe probar el consumidor para que prospere una denuncia infraccional por incumplimiento en la entrega de un producto?
En este caso, el tribunal rechazó la denuncia infraccional porque no se acreditó el hecho denunciado, aplicando la sana crítica y la carga probatoria del artículo 1698 del Código Civil.
¿Quién paga las costas cuando se rechaza una denuncia infraccional en un juicio de consumidor?
En este caso, el tribunal dispuso que cada parte pagara sus propias costas tras rechazar la denuncia infraccional por no acreditarse el hecho denunciado.
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