Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de que el Servicio de Tesorerías, al suscribir un convenio con el Banco Central de Chile, se obligara a pagar multas e indemnizaciones equivalentes a un porcentaje del valor de adjudicación de instrumentos de deuda. El organismo concluyó que ello no procede, pues para que un servicio público se imponga por vía convencional un deber de esa naturaleza se requiere una autorización legal expresa, la que no existe en la normativa que regula la inversión de los recursos ni en el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Además, la estipulación de cláusulas penales supondría reconocer la posibilidad de incumplir deberes legales y generaría un desembolso sin contraprestación, con daño al patrimonio fiscal. Por ello, y en aplicación del principio de legalidad, el Servicio de Tesorerías carece de competencias para obligarse de ese modo. Respecto de otros mecanismos alternativos, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse por exceder su competencia.