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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de que el Servic…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de que el Servicio de Tesorerías, al suscribir un convenio con el Banco Central de Chile, se obligara a pagar multas e indemnizaciones equivalentes a un porcentaje del valor de adjudicación de instrumentos de deuda. El organismo concluyó que ello no procede, pues para que un servicio público se imponga por vía convencional un deber de esa naturaleza se requiere una autorización legal expresa, la que no existe en la normativa que regula la inversión de los recursos ni en el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Además, la estipulación de cláusulas penales supondría reconocer la posibilidad de incumplir deberes legales y generaría un desembolso sin contraprestación, con daño al patrimonio fiscal. Por ello, y en aplicación del principio de legalidad, el Servicio de Tesorerías carece de competencias para obligarse de ese modo. Respecto de otros mecanismos alternativos, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse por exceder su competencia.

Normas citadas

  • ley 20128 art/12
  • dl 1056/75 art/3
  • dl 1263/75 art/2
  • dfl 1/94 Hacie
  • ley 20128 art/2
  • Pol art/6
  • Pol art/7
  • ley 18575 art/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público obligarse por convenio a pagar multas e indemnizaciones sin una ley que lo autorice?

En este caso, la Contraloría concluyó que no procede, pues para imponerse por vía convencional un deber de esa naturaleza se requiere una autorización legal expresa, la que no existe en la normativa que regula la inversión de recursos ni en el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías.

¿Es legal que un servicio público suscriba cláusulas penales en un convenio con un banco?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la estipulación de cláusulas penales supondría reconocer la posibilidad de incumplir deberes legales y generaría un desembolso sin contraprestación, con daño al patrimonio fiscal, por lo que el Servicio de Tesorerías carece de competencias para obligarse de ese modo.

¿Qué principio impide que un servicio público se obligue a pagar multas convencionales?

En este caso, la Contraloría aplicó el principio de legalidad para concluir que el Servicio de Tesorerías carece de competencias para obligarse a pagar multas e indemnizaciones equivalentes a un porcentaje del valor de adjudicación de instrumentos de deuda.

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