El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1° de la Ley N° 19.989, que permite a la Tesorería General de la República retener devoluciones de impuestos a deudores del crédito solidario universitario. La mayoría del Tribunal consideró que la norma vulnera el debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución) al no otorgar al deudor una defensa efectiva, limitando sus medios de impugnación a la presentación de un certificado de pago emitido por el propio acreedor, sin posibilidad de presentar pruebas independientes ni oponerse ante un tribunal. Asimismo, se estimó que afecta la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2) al dar un trato privilegiado a las universidades. Si bien se reconoce la necesidad de un cobro expedito, se concluyó que ello no justifica eliminar las garantías constitucionales del deudor.
Normas citadas
artículo 397, inciso N/A, numeral 19, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Puede la Tesorería retener devoluciones de impuestos a deudores del crédito solidario universitario sin darles una defensa efectiva?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estimó que la retención vulnera el debido proceso, porque el deudor solo puede impugnar presentando un certificado de pago emitido por el propio acreedor, sin poder aportar pruebas independientes ni acudir a un tribunal.
¿Es constitucional un trato privilegiado a las universidades en el cobro de deudas por la vía de retención de devoluciones de impuestos?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la norma afecta la igualdad ante la ley porque otorga un trato privilegiado a las universidades frente a otros acreedores, lo que la hace inconstitucional.
¿Se justifica un cobro expedito de créditos eliminando las garantías constitucionales del deudor?
En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció la necesidad de un cobro expedito, pero concluyó que ello no justifica eliminar las garantías constitucionales del deudor, por lo que la norma no puede aplicarse de esa forma.
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