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La Contraloría General de la República, mediante dictamen, se pronuncia sobre la aplica…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República, mediante dictamen, se pronuncia sobre la aplicación de los artículos 91 de la ley N° 18.834 y 89 de la ley N° 18.883, relativos al uso de viviendas fiscales o municipales por funcionarios. Se concluye que la jefatura de servicio o autoridad municipal está facultada para fijar plazos máximos de uso, condiciones de mantención y poner término al beneficio, salvo que se configure la protección legal específica señalada. Tanto la asignación como el término del beneficio deben constar en un acto administrativo fundado, conforme a la ley N° 19.880. Se instruye a las jefaturas para que, en un plazo de 60 días hábiles, dicten o actualicen protocolos internos sobre la materia, y se reconsidera jurisprudencia administrativa anterior en lo pertinente.

Normas citadas

  • Ley 18834 art/91
  • ley 18883 art/89
  • ley 18575 art/31
  • ley 19880 art/3
  • ley 19880 art/11
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público o municipio poner término al uso de una vivienda fiscal o municipal que se entregó a un funcionario?

En este dictamen, la Contraloría sostiene que la jefatura de servicio o la autoridad municipal puede fijar plazos máximos de uso, condiciones de mantención y poner término al beneficio, salvo que se configure la protección legal específica señalada.

¿Qué formalidad deben cumplir la asignación y el término del uso de una vivienda fiscal o municipal a un funcionario?

La Contraloría concluye que tanto la asignación como el término del beneficio deben constar en un acto administrativo fundado, conforme a la ley N° 19.880. Por ello, no basta una decisión informal de la jefatura.

¿Qué deben hacer los servicios y municipios tras este pronunciamiento de la Contraloría sobre viviendas de funcionarios?

El dictamen instruye a las jefaturas a dictar o actualizar protocolos internos sobre la materia en un plazo de 60 días hábiles. Además, reconsidera jurisprudencia administrativa anterior en lo pertinente.

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