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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Municipalidad de V…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Municipalidad de Villa Alemana por la negativa a entregar información relativa a una licitación. La discusión giró en torno a documentos que forman parte de un sumario administrativo aún no finalizado al momento del requerimiento. El Consejo consideró que la mayoría de los antecedentes fueron generados antes de la instrucción del sumario y que el órgano no acreditó que su publicidad afectara el cumplimiento de sus funciones ni la investigación en curso. En consecuencia, requirió al Alcalde la entrega de tres documentos vinculados a un decreto alcaldicio de diciembre de 2018 y su revisión, dentro de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, y acreditar su cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar documentos de un sumario administrativo que aún no ha finalizado según la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y sostuvo que la mayoría de los antecedentes fueron generados antes de instruirse el sumario, y que el órgano no acreditó que su publicidad afectara sus funciones ni la investigación en curso. Por eso ordenó entregar tres documentos vinculados a un decreto alcaldicio.

¿Qué plazo tiene una municipalidad para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, el Consejo ordenó al Alcalde de Villa Alemana entregar la información dentro de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, y acreditar su cumplimiento. El plazo corre desde que la resolución queda firme.

¿Contra qué resoluciones del Consejo para la Transparencia procede reclamo de ilegalidad?

En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión que acogió el amparo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Así, el órgano afectado puede impugnar la resolución ante la justicia.

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