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La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de jurid…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad de la resolución N° 240, de 2010, de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que ordenaba el pago de una indemnización a un ex trabajador permanente de esa dirección, en cumplimiento de una sentencia judicial. La decisión se fundó en que dicho acto se encontraba exento del trámite de toma de razón, conforme a lo dispuesto en el artículo 8°, número 6, letra a) de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría. El documento fue remitido adjunto, quedando sujeto a los controles de reemplazo establecidos en el Título VI de la misma resolución.

Normas citadas

  • Resolución N° 240, de 2010
  • Resolución N° 1
ContraloríaCGRdictamenaguas

Preguntas frecuentes

¿La Contraloría debe tomar razón de una resolución que ordena pagar una indemnización a un ex trabajador en cumplimiento de una sentencia judicial?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad, porque el acto que ordenaba el pago estaba exento de toma de razón conforme al artículo 8°, número 6, letra a) de la resolución N° 1.600, de 2008. El documento fue remitido adjunto y quedó sujeto a los controles de reemplazo del Título VI de esa resolución.

¿Qué ocurre con un acto administrativo exento de toma de razón cuando la Contraloría se abstiene de tramitarlo?

En este caso, la Contraloría no lo sometió a control previo y lo devolvió como documento adjunto, quedando sujeto a los controles de reemplazo establecidos en el Título VI de la resolución N° 1.600, de 2008. Así lo resolvió el organismo en este dictamen.

¿Puede la Contraloría abstenerse de tomar razón de una resolución de un servicio público del Ministerio de Obras Públicas?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de ejercer el control previo de juridicidad sobre la resolución N° 240, de 2010, de la Dirección General de Aguas, por encontrarse exenta de toma de razón. La decisión se fundó en el artículo 8°, número 6, letra a) de la resolución N° 1.600, de 2008.

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