Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control preventivo de juridicidad, es decir, de tomar razón, respecto de la Resolución N° 327, de 2008, de la Dirección General de Aguas. El organismo fundó su decisión en que el acto, atendida su materia, está exento del trámite de toma de razón según la resolución N° 520, de 1996, que fijó el texto refundido de la resolución N° 55, de 1992, vigente a la fecha de emisión del acto. Por ello remitió el acto administrativo, precisando que se aplicarán sobre él las normas de controles de reemplazo del Título VI de la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría.