La Corte de Apelaciones de Santiago conoció de un recurso de reclamación presentado por…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció de un recurso de reclamación presentado por una empresa en contra de una sentencia del Tribunal de Contratación Pública que había validado la evaluación de ofertas y la adjudicación de una licitación de aseo para un hospital. El reclamante sostenía que la evaluación de la Comisión Evaluadora y la adjudicación eran ilegales o arbitrarias, cuestionando en particular las exigencias de experiencia y la ponderación de las pruebas. La Corte rechazó el recurso sin costas, tras concluir que la sentencia impugnada estaba debidamente fundamentada, pues analizó cada una de las cuatro impugnaciones, ponderó el conjunto de las pruebas y las bases de licitación, y respetó el principio de estricta sujeción a las bases consagrado en la Ley 19.886. Además, señaló que las exigencias de experiencia admitían acreditación pública o privada, que la carga de probar los hechos correspondía al reclamante conforme al Código Civil, y que su crítica se limitaba a cuestionar la ponderación probatoria del tribunal, lo que no basta para sustentar un reclamo de ilegalidad.
Normas citadas
Ley 19.886
Ley 21.634
Código Civil
Resolución Exenta N° 3125
Artículo 26 de la Ley 19.886
contratación públicalicitación públicaLey 19.886estricta sujeción a las basesevaluación de ofertascomisión evaluadoracriterio de experienciaplan de conflictos laborales
Preguntas frecuentes
¿Es suficiente para acoger un reclamo de ilegalidad limitarse a cuestionar la ponderación de la prueba que hizo el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso porque la crítica del reclamante se limitaba a cuestionar la ponderación probatoria del tribunal, lo que no basta para sustentar un reclamo de ilegalidad.
¿Puede el Tribunal de Contratación Pública validar exigencias de experiencia que admitan acreditación pública o privada en una licitación?
En este caso, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que validó la evaluación y adjudicación, señalando que las exigencias de experiencia admitían acreditación pública o privada.
¿A quién corresponde la carga de probar los hechos en un reclamo de ilegalidad contra una licitación pública?
En este caso, la Corte de Apelaciones indicó que la carga de probar los hechos correspondía al reclamante conforme al Código Civil, al rechazar el recurso sin costas.
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