Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
AdministrativoRechaza

La Corte de Apelaciones de Santiago conoció de un recurso de reclamación presentado por…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago conoció de un recurso de reclamación presentado por una empresa en contra de una sentencia del Tribunal de Contratación Pública que había validado la evaluación de ofertas y la adjudicación de una licitación de aseo para un hospital. El reclamante sostenía que la evaluación de la Comisión Evaluadora y la adjudicación eran ilegales o arbitrarias, cuestionando en particular las exigencias de experiencia y la ponderación de las pruebas. La Corte rechazó el recurso sin costas, tras concluir que la sentencia impugnada estaba debidamente fundamentada, pues analizó cada una de las cuatro impugnaciones, ponderó el conjunto de las pruebas y las bases de licitación, y respetó el principio de estricta sujeción a las bases consagrado en la Ley 19.886. Además, señaló que las exigencias de experiencia admitían acreditación pública o privada, que la carga de probar los hechos correspondía al reclamante conforme al Código Civil, y que su crítica se limitaba a cuestionar la ponderación probatoria del tribunal, lo que no basta para sustentar un reclamo de ilegalidad.

Normas citadas

  • Ley 19.886
  • Ley 21.634
  • Código Civil
  • Resolución Exenta N° 3125
  • Artículo 26 de la Ley 19.886
contratación públicalicitación públicaLey 19.886estricta sujeción a las basesevaluación de ofertascomisión evaluadoracriterio de experienciaplan de conflictos laborales

Preguntas frecuentes

¿Es suficiente para acoger un reclamo de ilegalidad limitarse a cuestionar la ponderación de la prueba que hizo el Tribunal de Contratación Pública?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso porque la crítica del reclamante se limitaba a cuestionar la ponderación probatoria del tribunal, lo que no basta para sustentar un reclamo de ilegalidad.

¿Puede el Tribunal de Contratación Pública validar exigencias de experiencia que admitan acreditación pública o privada en una licitación?

En este caso, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que validó la evaluación y adjudicación, señalando que las exigencias de experiencia admitían acreditación pública o privada.

¿A quién corresponde la carga de probar los hechos en un reclamo de ilegalidad contra una licitación pública?

En este caso, la Corte de Apelaciones indicó que la carga de probar los hechos correspondía al reclamante conforme al Código Civil, al rechazar el recurso sin costas.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2025 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por u…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2025

  • El Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de una resolución de un hosp…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2021

  • El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación de una empresa cont…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

  • La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la reclamación deducida por una unión tempo…

    Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

  • El Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación presentada por una empresa…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2021

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.