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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2014

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un club deportivo contra normas del Decreto Ley N° 3.500 que fijan el interés penal por el no pago de cotizaciones previsionales, alegando que la tasa agravada y su capitalización mensual vulneraban derechos constitucionales. El Tribunal rechazó el requerimiento, tras estimar que el interés penal constituye un mecanismo disuasivo legítimo para desincentivar el incumplimiento de obligaciones previsionales, que no resulta desproporcionado en abstracto y que no configura una exacción patrimonial injustificada ni discriminación arbitraria. En el caso concreto, se consideró que no existía una relación conmutativa ni un agravio injustificado, y que la norma cumple una función de disuasión frente a actuaciones ilegales, además de permitir la reparación de las víctimas del ilícito.

Normas citadas

  • artículo 6, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Ley N* 18.010
Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional el interés penal por no pago de cotizaciones previsionales del DL 3.500?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que el interés penal es un mecanismo disuasivo legítimo para desincentivar el incumplimiento de obligaciones previsionales, sin resultar desproporcionado en abstracto.

¿La capitalización mensual del interés penal por cotizaciones impagas vulnera derechos constitucionales?

En este caso, el Tribunal Constitucional no acogió la alegación de que la tasa agravada y su capitalización mensual vulneraran derechos constitucionales, al no configurar una exacción patrimonial injustificada ni discriminación arbitraria.

¿Puede un empleador alegar agravio injustificado por el interés penal de cotizaciones previsionales?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que no existía una relación conmutativa ni un agravio injustificado, y que la norma cumple una función de disuasión frente a actuaciones ilegales y permite la reparación de las víctimas del ilícito.

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