El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de Bienes Nacionales por la negativa a entregar copia de un expediente administrativo de saneamiento de título de dominio al amparo del D.L. N° 2.695. El órgano había invocado la causal de reserva de afectación de derechos de terceros, pero el Consejo estimó que no se acreditó una expectativa razonable de daño presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, tratándose de información pública. En consecuencia, ordenó al órgano entregar los documentos solicitados, tarjando previamente los datos personales de contexto conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia, dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento, y acreditar la entrega efectiva de la información. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y se notificó a las partes, con la posibilidad de reclamar ante la Corte de Apelaciones dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negarse a entregar un expediente administrativo invocando la afectación de derechos de terceros?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que no se acreditó una expectativa razonable de daño presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, por lo que ordenó entregar los documentos solicitados.
¿Qué debe hacer el organismo si la información solicitada contiene datos personales de contexto?
En este caso, el Consejo ordenó entregar los documentos tarjando previamente los datos personales de contexto, conforme al principio de divisibilidad de la Ley de Transparencia.
¿En qué plazo debe el organismo entregar la información ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega dentro de un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento, y acreditar la entrega efectiva de la información.
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