La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la demanda contra Perú por la violac…
Sentencia · 2022
Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la demanda contra Perú por la violación de derechos de 184 trabajadores cesados del Congreso en 1992, tras la disolución temporal del Congreso. La Corte desestimó excepciones preliminares del Estado y estableció que los trabajadores fueron privados de garantías judiciales y protección judicial efectiva, al prohibirse normativamente las acciones de amparo. Se declaró la violación de los artículos 8.1, 23.1 c), 25.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. Como reparación, se ordenó la publicación de la sentencia, la inclusión de las víctimas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados y el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, considerando los esfuerzos internos de reparación ya implementados por el Estado.
Normas citadas
Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 23.1 c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes
¿Puede un Estado prohibir por ley las acciones de amparo contra despidos de trabajadores sin vulnerar la Convención Americana?
En este caso, la Corte Interamericana sostuvo que la prohibición normativa de las acciones de amparo dejó a los trabajadores cesados sin garantías judiciales ni protección judicial efectiva, por lo que declaró la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención.
¿Qué reparaciones puede ordenar la Corte Interamericana cuando un Estado destituye masivamente a trabajadores del Congreso?
En este caso, la Corte ordenó publicar la sentencia, incluir a las víctimas en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, considerando los esfuerzos internos de reparación ya realizados por el Estado.
¿Qué derechos laborales y políticos se vulneran cuando se cesa a funcionarios del Congreso sin garantías judiciales?
En este caso, la Corte declaró la violación de los artículos 23.1 c), 26 y, en relación con el artículo 1.1, de la Convención Americana, al considerar que los trabajadores fueron privados de garantías y protección judicial efectiva tras su cese.
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