Resumen del criterio jurisprudencial
La CIDH presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de trabajadores cesados de Petroperú, relacionado con despidos irregulares ocurridos a partir de 1992 durante la ruptura del orden democrático bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Los despidos se ejecutaron mediante un plan de racionalización de personal amparado en el Decreto Ley Nº 26120, que permitía programas de cese voluntario con o sin incentivos. En enero de 1996, Petroperú envió cartas notariales a los trabajadores ofreciendo retiro voluntario con amenaza de despido, y el 6 de febrero de 1996 disolvió los vínculos laborales de quienes no aceptaron. El caso busca establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano por vulneración de derechos laborales y acceso a recursos efectivos.