La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que había acogido la demanda de precario. La demandada sostenía que la ocupación del inmueble derivaba de una situación de tolerancia familiar y no de mera ignorancia del propietario. La Primera Sala rechazó los argumentos, señalando que la mera tolerancia o consentimiento del propietario constituye fundamento válido para la acción de precario, independientemente de las relaciones familiares. Además, la acreditación de la ocupación puede realizarse mediante atestado receptorial de notificación en el inmueble, generando presunción judicial suficiente. En consecuencia, se confirmó la sentencia que ordena la restitución del bien inmueble dentro de treinta días desde que el fallo quede ejecutoriado.
Normas citadas
Artículo 2195 del Código Civil
Artículo 1698 del Código Civil
Artículo 1712 del Código Civil
Artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
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Preguntas frecuentes
¿La mera tolerancia del dueño permite demandar por precario aunque exista una relación familiar con quien ocupa el inmueble?
Según este fallo, la Corte Suprema sostuvo que la mera tolerancia o consentimiento del propietario es fundamento válido para la acción de precario, independientemente de las relaciones familiares entre las partes. Por ello rechazó el recurso de la demandada.
¿Se puede acreditar la ocupación de un inmueble en un juicio de precario mediante el atestado receptorial?
En este caso, la Corte Suprema indicó que la ocupación puede acreditarse con el atestado receptorial de notificación practicado en el inmueble, el que genera presunción judicial suficiente. Así lo consideró al confirmar la sentencia.
¿Qué plazo para restituir el inmueble fija una sentencia de precario confirmada por la Corte Suprema?
En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia que ordena la restitución del bien inmueble dentro de treinta días desde que el fallo quede ejecutoriado. Así resolvió el recurso de casación en el fondo.
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