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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2015

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa constructora contra un decreto alcaldicio de la Municipalidad de Villa Alegre que adjudicó una licitación para la construcción y distribución de una red de agua potable. La actora sostenía que el alcalde se apartó del informe de la comisión evaluadora, que proponía adjudicarle la obra, y fundamentó su decisión en criterios de eficiencia y eficacia sin expresar los fundamentos de hecho y de derecho, lo que vulneraba el artículo 26 de la Ley N°19.886. El tribunal acogió parcialmente la impugnación y declaró ilegal y arbitrario el decreto de adjudicación, pero rechazó el resto de las pretensiones, al constatar que la obra ya estaba ejecutada y satisfecha la necesidad pública, de modo que no era posible restablecer el imperio del derecho. Reconoció a la actora el derecho a ejercer acciones indemnizatorias en las sedes jurisdiccionales respectivas y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Es ilegal que un alcalde se aparte del informe de la comisión evaluadora en una licitación pública?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitrario el decreto alcaldicio que se apartó del informe de la comisión evaluadora y se fundó en criterios de eficiencia y eficacia sin expresar fundamentos de hecho y de derecho, vulnerando el artículo 26 de la Ley 19.886.

¿Qué ocurre si la obra licitada ya está ejecutada cuando se impugna la adjudicación?

En este caso, el tribunal rechazó el resto de las pretensiones al constatar que la obra ya estaba ejecutada y satisfecha la necesidad pública, por lo que no era posible restablecer el imperio del derecho.

¿Puede el afectado pedir indemnización tras una adjudicación declarada ilegal?

En este caso, el tribunal reconoció a la actora el derecho a ejercer acciones indemnizatorias en las sedes jurisdiccionales respectivas, y dispuso que cada parte pagara sus costas.

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