Resumen
La sentencia analiza un proyecto de ley iniciado por Mensaje de la Vicepresidenta de la República, que busca fortalecer el Ministerio Público mediante modificaciones a diversos cuerpos legales, en el marco de la continuidad de la reforma procesal penal iniciada en 1997. El proyecto propone mejoras en la estructura y funcionamiento del órgano tras más de veinte años de operación, incluyendo disposiciones sobre implementación, evaluación a los seis años de su entrada en vigencia, y financiamiento con cargo al presupuesto del Ministerio Público y posible suplemento del Tesoro Público. El tribunal resuelve que, durante la anualidad de publicación de la ley, se pagará el bono por desempeño individual conforme a normas vigentes antes de las modificaciones, sin pagar el bono colectivo; a partir del año siguiente, el bono colectivo se pagará según metas fijadas para cada fiscalía regional y la Fiscalía Nacional. Además, se ordena dictar un reglamento dentro de sesenta días, realizar una evaluación externa a los seis años, y financiar el mayor gasto fiscal con recursos del Ministerio Público y, de ser necesario, del Tesoro Público.