Resumen
El documento corresponde a un plan legislativo de seguridad pública para los años 2024 y 2025, que enumera 32 iniciativas prioritarias en tramitación. Entre ellas figuran proyectos sobre reincidencia, acceso a justicia, fortalecimiento del Ministerio Público, antiterrorismo, ejecución de sanciones penales, protección de infraestructura crítica, regulación de armas, transporte interurbano, violencia digital, establecimientos penitenciarios, carrera policial, planificación urbana segura y comparecencia telemática de funcionarios policiales y de Gendarmería. El texto fundamenta el programa en la necesidad de modernizar la justicia penal, especializar las fuerzas de orden y proteger a las víctimas, con un enfoque multisectorial que combina reformas penales, administrativas y municipales. La parte resolutiva consiste en el listado de los proyectos de ley, sin que se resuelva una controversia entre partes.