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El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información pública interpuesto contra la Corporación Municipal de Rancagua. El recurrente, según se concluyó, no pedía el acceso a un antecedente, sino que el organismo se pronunciara sobre un reclamo que había presentado. Al considerar que el antecedente requerido fue emitido con posterioridad a la solicitud y que lo pretendido correspondía al ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N° 14 de la Constitución, y no al derecho de acceso regulado por la Ley de Transparencia, el Consejo estimó que no cabía pronunciarse en esa sede. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de 15 días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Es procedente solicitar al Consejo para la Transparencia una respuesta a un reclamo administrativo en lugar de un acceso a información?

El Consejo determinó que el caso no era un pedido de acceso a información, sino un ejercicio del derecho de petición constitucional. Por ello, estimó que no era competente para resolver la solicitud en esa sede.

¿Qué recurso procede si se declara inadmisible un amparo de acceso a la información por el Consejo para la Transparencia?

Contra la decisión de inadmisibilidad, procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. Este recurso debe interponerse dentro de los 15 días corridos desde la notificación.

¿El Consejo para la Transparencia puede resolver solicitudes que corresponden al derecho de petición según la Constitución?

El Consejo consideró que lo solicitado por el recurrente correspondía al derecho de petición consagrado en la Constitución, y no al derecho de acceso regulado por la Ley de Transparencia. Por tanto, no cabía pronunciarse en esa instancia.

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